Resolución de contrato por incumplimiento: ¿En qué casos se da y cómo resolverlo?

En el marco del Derecho Civil peruano, la ejecución, incumplimiento y resolución de contrato por incumplimiento constituyen fases interrelacionadas dentro de la dinámica contractual. La ejecución implica el cumplimiento voluntario de las obligaciones pactadas por las partes conforme al artículo 1361 del Código Civil, que consagra la fuerza vinculante del contrato. 

resolución de contrato por incumplimiento

No obstante, ante el incumplimiento de una de las partes ya sea total, parcial o defectuoso, el ordenamiento permite al acreedor afectado optar por exigir el cumplimiento forzoso de la prestación, con indemnización si corresponde, o solicitar la resolución del contrato conforme al artículo 1371 del mismo cuerpo normativo. 

Esta última opción implica la extinción retroactiva del vínculo contractual, dejando sin efecto las prestaciones futuras y permitiendo, en ciertos casos, la restitución de lo ya ejecutado. En tal sentido, el sistema jurídico peruano busca equilibrar la protección de la seguridad jurídica y el principio de buena fe con la necesidad de sancionar y remediar el incumplimiento contractual.

La resolución de contrato es un mecanismo jurídico mediante el cual se pone fin a los efectos de un contrato válido debido a un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por una de las partes. En el Derecho Civil peruano, este supuesto se regula bajo la figura de la resolución contractual, especialmente en el artículo 1371 del Código Civil, que contempla expresamente la resolución de contrato por incumplimiento

Esta figura permite que la parte cumplida solicite la extinción del vínculo contractual cuando la contraparte no ha ejecutado o ha ejecutado defectuosamente su obligación, siempre que dicho incumplimiento sea imputable y suficientemente grave como para frustrar la finalidad del contrato. La resolución contractual no solo implica la finalización del contrato hacia el futuro, sino que también puede conllevar la restitución de las prestaciones realizadas, buscando así restablecer el equilibrio entre las partes afectadas por el incumplimiento.

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¿En qué casos se puede solicitar una resolución de contrato?

La resolución de contrato puede ser solicitada cuando una de las partes del contrato incumple de manera grave las obligaciones asumidas, afectando la finalidad del acuerdo. Conforme al artículo 1371 del Código Civil peruano, este mecanismo procede si el incumplimiento es imputable y suficientemente relevante como para justificar la terminación del vínculo contractual. 

Además, las partes del contrato pueden pactar expresamente en una cláusula resolutoria los supuestos específicos que darían lugar a la resolución, lo que refuerza la seguridad jurídica entre ellas. También puede pedirse la resolución contractual en casos de imposibilidad sobreviniente de cumplimiento no imputable al acreedor, aunque en este supuesto no se sanciona a la parte incumplida, sino que se reconoce la frustración del contrato por causas ajenas a su voluntad.

¿Cuáles son los requisitos para que opere la resolución del contrato?

Para que opere la resolución del contrato en el Derecho Civil peruano, se deben cumplir ciertos requisitos establecidos principalmente en el artículo 1371 del Código Civil. 

1) Debe existir un contrato válido y vigente entre las partes

2) Es necesario que una de las partes haya incurrido en un incumplimiento sustancial de sus obligaciones, es decir, que dicho incumplimiento afecte de manera grave la finalidad del contrato.

3) Además, el incumplimiento debe ser imputable al deudor, lo que significa que no debe estar justificado por causas de fuerza mayor o caso fortuito. 

4) Finalmente, la parte afectada debe manifestar su voluntad de resolver el contrato, ya sea mediante una acción judicial o de forma extrajudicial cuando así se haya pactado previamente. 

Solo cumpliéndose estos requisitos puede declararse la terminación de contrato por la vía de la resolución contractual, lo que extingue las obligaciones futuras y puede dar lugar a la restitución de prestaciones.

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.¿En qué casos se puede hacer una resolución de contrato?

La resolución de contrato es un mecanismo legal mediante el cual una de las partes pone fin al vínculo contractual debido al incumplimiento de la otra parte. Esta figura permite la terminación del contrato cuando se ha roto el equilibrio entre las prestaciones pactadas, frustrando la finalidad del acuerdo. 

En el Derecho Civil peruano, la resolución contractual por incumplimiento está prevista cuando una de las partes no cumple con lo acordado, ya sea total o parcialmente, y dicho incumplimiento es relevante y atribuible a esa parte. Existen diversos supuestos concretos en los que puede solicitarse la resolución de un contrato. 

Resolución de contrato de compraventa

Esta puede resolverse si el vendedor no entrega el bien o si el comprador no realiza el pago.

Resolución de contratos de obra

La resolución de contrato de obra procede si el constructor incumple con los plazos, la calidad del trabajo o las especificaciones técnicas establecidas. 

Resolución de contratos de arrendamiento

Se puede dar la resolución de contrato de arrendamiento por incumplimiento cuando el inquilino no paga la renta o utiliza el bien para fines distintos a los convenidos.

Resolución de contrato por incumplimiento de contraprestación

Esta se da cuando una parte no recibe la prestación que justificaba su obligación, o la resolución de contrato por incumplimiento de pago, en caso de que no se realicen los pagos pactados dentro de los plazos establecidos. 

En todos estos casos, la parte perjudicada puede optar por dejar sin efecto el contrato y, eventualmente, exigir una indemnización por los daños causados, según corresponda. Así, la resolución contractual se configura como una herramienta esencial para proteger los derechos de quienes han cumplido sus obligaciones dentro de una relación contractual.

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¿Mediante qué vías puede resolverse un contrato?

Un contrato puede resolverse por diferentes vías, dependiendo de cómo haya sido pactado y del tipo de incumplimiento que se presente. 

Resolución de contrato por vía Judicial

Esta ocurre cuando una de las partes acude al Poder Judicial para que un juez declare la resolución del contrato debido al incumplimiento de la otra parte. Por ejemplo, si en un contrato de obra el constructor no termina la obra en el plazo pactado, el contratante puede demandar la resolución ante el juzgado.

Resolución de contrato por vía Extrajudicial

Esta procede cuando las partes han acordado previamente que el contrato puede resolverse sin necesidad de intervención judicial, solo con una notificación formal de la parte cumplidora a la parte que ha incumplido. 

Un ejemplo de esto es cuando en un contrato de arrendamiento se establece que, si el inquilino no paga por dos meses consecutivos, el arrendador puede resolver el contrato enviando una carta notarial. 

También existe la resolución automática o de pleno derecho, que se aplica cuando el contrato contiene una cláusula que indica que el vínculo quedará resuelto de forma inmediata ante determinado incumplimiento, sin necesidad de notificación ni sentencia. 

Por ejemplo, en un contrato de compraventa se puede pactar que si el comprador no paga la cuota inicial en una fecha exacta, el contrato se resuelve automáticamente.

¿Se puede pedir una indemnización por incumplimiento de contrato?

, en el marco del Derecho Civil peruano, una de las consecuencias fundamentales del incumplimiento contractual es el derecho que tiene la parte afectada a exigir una indemnización por los daños y perjuicios que dicho incumplimiento le haya ocasionado. 

Esta posibilidad se encuentra reconocida en diversas disposiciones del Código Civil, particularmente en los artículos que regulan la responsabilidad contractual. Cuando una de las partes no cumple, ya sea total o parcialmente, con las obligaciones asumidas en el contrato y dicho incumplimiento le es imputable, la parte cumplida no solo puede optar por la resolución del contrato, sino también por el resarcimiento de los daños que se hayan generado como consecuencia directa del incumplimiento.

El objetivo de esta indemnización es restituir a la parte afectada a una situación lo más cercana posible a la que habría tenido si el contrato se hubiese ejecutado conforme a lo pactado. 

Indemnización por incumplimiento contractual

Por ejemplo, si una empresa contrata a otra para construir un establecimiento comercial en un plazo determinado, y la empresa contratista incumple el cronograma de entrega sin justificación, causando que la contratante no pueda iniciar sus operaciones comerciales en la fecha prevista, esta última tiene el derecho de reclamar una indemnización por las pérdidas económicas sufridas como el lucro cesante por ventas no realizadas o el daño emergente por gastos adicionales asumidos.

Cabe resaltar que la indemnización por incumplimiento no necesariamente está supeditada a la resolución del contrato. La parte perjudicada puede elegir mantener el contrato vigente y exigir su cumplimiento forzado, junto con una reparación económica por los daños causados, si así lo considera más conveniente. 

Por otro lado, también puede optar por resolver el contrato e igualmente reclamar una indemnización, especialmente cuando la relación contractual ha quedado gravemente afectada y ya no es viable continuarla. 

Cláusulas penales en un contrato

Además, muchas veces los contratos contienen cláusulas penales, las cuales establecen una suma predeterminada que deberá pagar la parte incumplida en caso de no cumplir con lo pactado. Esta cláusula, prevista en el artículo 1341 del Código Civil, tiene la ventaja de agilizar el proceso de indemnización, pues evita que el acreedor deba probar el monto exacto del daño sufrido, bastando con demostrar el incumplimiento para que se active la sanción económica previamente acordada.

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¿El contrato puede tener validez sólo con firma pero sin llevar al notario?

Sí, un contrato puede tener validez sólo con la firma de las partes, sin necesidad de ser elevado a escritura pública ante notario, siempre que la ley no exija una formalidad especial. Esto depende de para qué sirve un contrato: si se trata de un acuerdo común como la compraventa de un bien mueble, basta con que ambas partes firmen. En cambio, para algunos actos como la compra de un inmueble, sí se requiere escritura pública. En general, el contrato es válido si cumple con los elementos esenciales como consentimiento, objeto y causa, según el código civil.

¿Se puede resolver el contrato si no existe una cláusula de resolución?

Sí, en el marco del Derecho Civil peruano, es plenamente posible resolver un contrato incluso cuando este no contiene una cláusula de resolución expresa. La existencia de esta figura no es condición indispensable para que opere la resolución del contrato por incumplimiento. Según el artículo 1371 del Código Civil, el contrato puede resolverse cuando una de las partes no cumple con sus obligaciones, siempre que dicho incumplimiento sea sustancial, grave y atribuible al deudor. Esto significa que la ley reconoce el derecho de la parte afectada a solicitar la resolución como mecanismo de protección, aun cuando no se haya previsto contractualmente una cláusula que lo regule.

Este principio responde a la lógica de preservar la equidad y la justicia contractual. La finalidad del contrato se basa en el cumplimiento de las prestaciones acordadas; cuando una parte incumple de forma relevante, la otra no tiene por qué quedar obligada a seguir cumpliendo su parte del trato. 

Por ejemplo, si una empresa contrata a un proveedor para realizar un servicio de catering en un evento importante y este no se presenta el día acordado, causando la cancelación o afectación del evento, la empresa contratante tiene derecho a resolver el contrato por incumplimiento, incluso si no se había estipulado expresamente una cláusula resolutoria.

Resolución de contrato sin cláusula

Asimismo, la jurisprudencia peruana ha señalado que el contrato puede resolverse sin cláusula previa cuando el incumplimiento afecta de manera sustancial la finalidad del contrato. La clave está en la gravedad del incumplimiento: no basta con un retraso leve o una omisión menor, sino que debe tratarse de un hecho que haga imposible o irrazonable continuar con el vínculo contractual

En este sentido, la resolución funciona como una herramienta de equilibrio, que impide que una parte se beneficie injustamente a costa del perjuicio de la otra. Además, en contratos donde existe una prestación continuada o periódica, como ocurre en los contratos de servicios o arrendamiento, la falta de cumplimiento repetido o sostenido puede dar lugar a la resolución sin necesidad de cláusula específica. Por ejemplo, si un arrendatario deja de pagar la renta por varios meses, el arrendador podrá resolver el contrato y solicitar el desalojo, incluso si el contrato no establece expresamente esa posibilidad.

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¿Qué tipo de cláusulas son necesarias en un contrato?

En un contrato, es esencial incluir cláusulas contractuales que regulen los derechos y obligaciones de las partes. 

Cláusulas contractuales

Según el derecho civil, las más comunes son: cláusula penal (que fija una sanción en caso de incumplimiento), cláusula de confidencialidad, cláusula de duración, y cláusulas de resolución anticipada

Estas estipulaciones permiten prever situaciones problemáticas y facilitar su solución. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, puede incluirse una cláusula que permita terminar el contrato si el inquilino no paga dos meses seguidos.

¿Es posible solicitar medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de pago?

Sí, en el ámbito del Derecho Civil peruano, es plenamente posible solicitar medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de una obligación, especialmente cuando existe un riesgo real y fundado de que esta no se cumpla durante el transcurso del proceso judicial.

¿Qué son las medidas cautelares?

Las medidas cautelares son mecanismos procesales previstos en el Código Procesal Civil y tienen como finalidad garantizar la eficacia de una eventual sentencia favorable. 

Embargo preventivo

Entre las más utilizadas se encuentra el embargo preventivo, que permite inmovilizar bienes del deudor con el objetivo de evitar que estos sean transferidos, ocultados o enajenados, frustrando así el derecho del acreedor.

Estas medidas se vuelven especialmente relevantes en casos de incumplimiento contractual, cuando el acreedor tiene razones válidas para temer que el deudor, al verse demandado, pueda realizar maniobras para eludir sus obligaciones.

Por ejemplo, si una empresa de servicios concluye un contrato con otra entidad que posteriormente se niega a pagar por el servicio brindado, la empresa afectada puede iniciar una demanda y, al mismo tiempo, solicitar una medida cautelar de embargo sobre las cuentas bancarias o bienes registrables del deudor. Esta medida no solo protege el crédito en disputa, sino que también incentiva al deudor a llegar a una conciliación o cumplir voluntariamente.

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¿En qué casos procede una medida cautelar?

El artículo 611 del Código Procesal Civil establece que para que proceda una medida cautelar, el solicitante debe demostrar verosimilitud en el derecho que invoca, peligro en la demora (es decir, que el tiempo que dure el proceso pueda perjudicar), y la posibilidad de revocar la medida si luego se demuestra improcedente. 

Además, el juez puede requerir una contracautela por parte del solicitante, que puede ser una fianza o caución económica, para responder por los daños que eventualmente pueda causar la medida si ésta se hubiera dictado sin justificación.

Otro ejemplo práctico es el de un proveedor que suministra bienes a una cadena comercial y, tras múltiples incumplimientos en los pagos, decide iniciar una demanda. En este contexto, puede solicitar que se dicte un embargo preventivo sobre los bienes muebles que posee la empresa deudora en sus almacenes, para evitar que estos desaparezcan o sean vendidos antes de que el juez resuelva el fondo del litigio.

Otras medidas cautelares

Además del embargo preventivo, también existen otras medidas cautelares como la anotación de demanda en los registros públicos (cuando el bien en disputa es inmueble), la intervención en administración (en casos complejos como la administración judicial de empresas en conflicto), o la retención de ingresos. Todas estas medidas tienen como propósito fundamental impedir que la sentencia final, cuando se emita, resulte ineficaz por falta de bienes o solvencia del obligado.

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